El gobierno de EE.UU. ha realizado un importante ajuste de política en el ámbito medioambiental automovilístico, abandonando por completo el esfuerzo conjunto con los estados iniciado en la década de 1970 para mejorar la eficiencia de combustible de los vehículos, una decisión que ha generado amplia atención y controversia.

El 29 de julio de 2025, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) publicó un nuevo plan para revocar su histórica “determinación de peligro” de 2009, que establecía que los gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud y el bienestar público. Si esta determinación se mantiene en los tribunales y no es anulada por el Congreso, los esfuerzos clave para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos durante décadas quedarán en nada.

Desde el punto de vista científico, las bases de la conclusión de peligrosidad no han cambiado e incluso se han reforzado con más evidencias de que las emisiones de gases de efecto invernadero están acelerando el calentamiento global y amenazando la salud humana. En los quince años desde la decisión de 2009, olas de calor, inundaciones, subida del nivel del mar y incendios forestales se han intensificado. Tras años de regulaciones que redujeron emisiones del sector eléctrico, el transporte se ha convertido en la mayor fuente de gases de efecto invernadero en EE.UU. Tanto la comunidad científica como el público consideran que las emisiones vehiculares son dañinas y deben regularse más estrictamente; además, el público prefiere claramente vehículos menos contaminantes, y los eléctricos ganan terreno por rendimiento, costo y ventajas tecnológicas.

Aunque la propuesta de la EPA busca ralentizar la transición a vehículos eléctricos eliminando incentivos y aumentando costos, el mercado ya ha demostrado la viabilidad de los vehículos de energía limpia, el interés público es alto y la base científica es clara; estas tendencias tienen un impulso difícil de detener por cambios políticos significativos.