es.wedoany.com Noticia: El Segundo Tribunal Ambiental de Chile anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto "Desarrollo de Infraestructura y Aumento de Capacidad Productiva" de la empresa Collahuasi. Este proyecto, con una inversión superior a los 3.200 millones de dólares, es uno de los mayores proyectos mineros en construcción en Chile. El fallo del tribunal revocó la aprobación ambiental otorgada en diciembre de 2021 y ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación a una etapa anterior al Informe Consolidado de Evaluación (ICE), para reexaminar los impactos del proyecto en las comunidades indígenas, el medio ambiente marino, entre otros aspectos. Esta sentencia complejiza aún más el debate legislativo en curso en Chile sobre si las inversiones deben ser restituidas cuando un permiso ambiental es revocado posteriormente.
La sentencia se originó a partir de reclamaciones presentadas por diversas organizaciones indígenas y comunidades locales. Previamente, el Comité de Ministros había rechazado los recursos de apelación de estas organizaciones contra la aprobación ambiental del proyecto. Los reclamantes incluyen: la Asociación Indígena de Pescadores Wilamasi Mamq'uta, la Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya, la familia Barreda Paniagua vinculada a la Comunidad Indígena de Copaquire, y otras seis asociaciones indígenas aymaras. El tribunal determinó que los antecedentes utilizados durante la evaluación fueron insuficientes para descartar la posibilidad de afectaciones directas a las comunidades indígenas, en particular a los grupos vinculados a Caleta Chanavaya. Además, el tribunal confirmó que no se realizaron correctamente las reuniones tempranas con los pueblos indígenas potencialmente afectados, tal como lo exige el artículo 86 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Otro punto clave fue que las observaciones de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) sobre los impactos en el medio ambiente marino no fueron debidamente ponderadas. El tribunal consideró que el Comité de Ministros no sopesó adecuadamente estas opiniones, lo que resultó en una resolución ambiental carente de fundamentos suficientes. El texto de la sentencia señala explícitamente que la resolución impugnada "carece de la debida fundamentación", debido a una evaluación incompleta de las observaciones ciudadanas y a la falta de un análisis técnico y jurídico apropiado. El fallo destaca dos deficiencias principales: actuaciones ilegales relacionadas con el componente humano indígena y defectos en la evaluación del medio ambiente marino.
Conforme a la sentencia, la evaluación ambiental deberá retrotraerse a la etapa anterior al ICE, para incorporar nuevamente datos sobre: la línea base del medio humano indígena, el uso del sector marítimo de Punta Patache y el área portuaria de Collahuasi, la realización de las reuniones del artículo 86 del SEIA, la necesidad de iniciar una consulta indígena, los impactos en el medio ambiente marino, el análisis de velocidad de succión, la evaluación de la depositación de salmuera, y un plan de seguimiento ambiental más completo. El objetivo de esta reevaluación es determinar si existen impactos directos que requieran ajustes al proyecto o la activación de procedimientos de participación adicionales.
Este fallo reaviva un debate crucial en la minería chilena: cómo equilibrar la certeza regulatoria para inversiones de alto valor con las exigencias de protección ambiental y participación indígena que establece la normativa vigente. En un momento en que Chile enfrenta presiones para acelerar proyectos de cobre y minerales críticos, los inversionistas observan con atención los plazos de aprobación, los riesgos judiciales y la estabilidad de los permisos. La sentencia fue dictada por la presidenta subrogante del tribunal, Marcela Godoy Flores, el ministro Cristián López Montecinos y el exministro Cristián Delpiano Lira, quien actuó como redactor del fallo.
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