Perú, Colombia y Ecuador buscan reactivar proyectos APP en el tercer trimestre

es.wedoany.com Noticia: Perú, Colombia y Ecuador buscan reactivar sus programas de Asociaciones Público-Privadas (APP) en el tercer trimestre, después de que las tensiones políticas, las restricciones fiscales y los procesos electorales frenaran el avance de los proyectos de infraestructura durante el segundo trimestre.

En Perú y Colombia, los cambios de gobierno generaron expectativas de una mayor actividad en APP, pero se espera que la aceleración de proyectos se materialice principalmente en el último trimestre del año y a principios de 2027. Ecuador, por su parte, ha visto su programa de proyectos casi paralizado debido a una reestructuración institucional iniciada a mediados de 2025.

Keiko Fujimori asumirá la presidencia de Perú el 28 de julio, y Abelardo De La Espriella hará lo propio en Colombia el 7 de agosto. Ambos ganaron las elecciones por márgenes estrechos y necesitarán buscar consensos en un panorama político altamente polarizado.

En Ecuador, la actividad del sector se ha estancado desde que la Secretaría de Inversiones Público-Privadas fue disuelta en julio de 2025 y la cartera de proyectos APP fue transferida al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

En Perú, el segundo trimestre finalizó sin avances significativos en iniciativas como el teleférico de Choquequirao, la captación y conducción de agua potable de Lima, y la planta de tratamiento de aguas residuales de Cajamarca. Se espera que en el tercer trimestre se logren avances en el proceso del teleférico de Choquequirao y el proyecto de abastecimiento de agua de Lima, y se adjudique el contrato para la planta de tratamiento de Cajamarca. Este proyecto, valorado en 280 millones de dólares, beneficiará a más de 365,000 personas en la ciudad y el distrito de Baños del Inca. Asimismo, en julio está prevista la adjudicación del proyecto APP del Centro de Convenciones de Lima, por 151 millones de dólares, con postores calificados como GL Events Venues, Consorcio Centro de Convenciones–Exposistemas y Grupo Heroica. Esta adjudicación busca fortalecer el turismo relacionado con reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, aprovechando la experiencia internacional. Ese mismo mes, se espera que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) firme un contrato con el concesionario Proyectos de Infraestructura Sucursal del Perú para la gestión integral del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, con una inversión de 317 millones de dólares y un plazo de 17 años. Hasta el 7 de septiembre, ProInversión recibirá manifestaciones de interés para un proyecto APP de iniciativa privada por 329 millones de dólares, destinado a remodelar 13 instituciones educativas en Lima Metropolitana, beneficiando a más de 29,000 estudiantes al año. La empresa adjudicataria deberá reemplazar la infraestructura existente, equipar y garantizar el mantenimiento durante un período de concesión de 20 años.

A pesar de una amplia cartera de proyectos, la agenda APP en Perú ha avanzado lentamente en los últimos años. Karla Gaviño, experta en gestión pública e infraestructura, señala que el desarrollo de infraestructura en Perú enfrenta desafíos transversales que afectan a todos los proyectos y son difíciles de superar, con una caída en la inversión pública en comparación con otros países de la región. Las deficiencias en la gobernanza y la politización en la priorización de proyectos obstaculizan la toma de decisiones basada en criterios técnicos y las necesidades reales de cada localidad. Además, los problemas de regularización física y legal de los terrenos generan retrasos en la ejecución y aumentan los costos.

En Colombia, durante el gobierno de Gustavo Petro, la infraestructura perdió el dinamismo que la había convertido en el principal motor de la economía. La combinación de factores políticos, fiscales y sociales ralentizó la ejecución de proyectos y la estructuración de nuevas iniciativas. Esto contrasta con las expectativas de una mayor actividad tras el cambio de gobierno. Olga Lucía Ramírez, exviceministra de Infraestructura, señala que el logro en los últimos años ha sido la estructuración de proyectos, especialmente ferroviarios, y que ahora se debe trabajar para restaurar la confianza institucional y enviar señales claras de seguridad jurídica para avanzar en los proyectos, proteger las APP para que el proceso continúe, asegurar la financiación de obras estratégicas y fortalecer la capacidad técnica del país. Los proyectos que podrían avanzar en el tercer trimestre incluyen: el aeropuerto del suroccidente, la ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado (EDmax) por 2,300 millones de dólares, el nuevo Aeropuerto de Cartagena (CACI) estimado en 1,700 millones de dólares, y el corredor Villeta–Guaduas, valorado en 1,362 millones de dólares, que se encuentra en fase final de estructuración y factibilidad. Sin embargo, se espera que el inicio del proceso de licitación se dé en el último trimestre del año.

En Ecuador, la absorción de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que luego se fusionó con el Ministerio de Telecomunicaciones, ha dejado prácticamente paralizada la agenda APP del país. La salida de alcaldes y prefectos de ciudades clave como Guayaquil, junto con las elecciones locales previstas para octubre, ha llevado a los gobiernos locales a priorizar los temas de campaña sobre los proyectos de largo plazo. Pablo Ramón, director ejecutivo del Consejo Estratégico de Infraestructura de la Cámara Nacional de la Construcción, afirma que las grandes obras están paralizadas y que fusionar la secretaría con el ministerio fue un error. El registro nacional de APP incluye una cartera de proyectos de aproximadamente 12,000 millones de dólares, pero ninguno avanza, excepto el proyecto de terminal de carga multipropósito de Guayaquil (228 millones de dólares) y el sistema de almacenamiento logístico de Galápagos (estimado en 314 millones de dólares), ambos en etapas tempranas. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Global Infrastructure Facility, se están realizando consultorías para el terminal de carga. El proyecto logístico de Galápagos recibió 2.2 millones de dólares de la CAF para contratar una consultoría que estructure y licite los proyectos de puertos e instalaciones de bioseguridad en Guayaquil y las islas. Ya se han solicitado manifestaciones de interés y se espera que la adjudicación del contrato se realice en este trimestre. La consultoría tendrá una duración de 18 meses y tiene como objetivo diseñar un esquema APP que integre aspectos técnicos, financieros, legales, socioambientales y de mercado, incluyendo el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de las instalaciones portuarias y de bioseguridad, así como los servicios de transporte y logística entre el continente y las islas.