La industria belga ha hecho recientemente un llamamiento urgente al gobierno para que utilice todos los medios necesarios, incluso medidas legales coercitivas si es preciso, para que Engie siga operando sus centrales nucleares en el país. El trasfondo central de esta petición son las preocupaciones por la volatilidad de los precios de la energía y la estabilidad del suministro. El sector empresarial belga considera que la energía nuclear, como fuente de carga base, es crucial para mantener la competitividad nacional y la seguridad energética.
Los representantes industriales señalaron que, aunque el gobierno y Engie habían llegado previamente a un acuerdo para extender la vida operativa de los dos reactores Doel 4 y Tihange 3, esto sigue siendo insuficiente ante las actuales presiones de la transición energética. Argumentan que la postura actual de Engie como operador es demasiado conservadora, a menudo propensa a promover planes de desmantelamiento basándose en los intereses corporativos propios, pasando por alto el papel de apoyo estratégico que la energía nuclear desempeña para todo el sistema industrial. Por lo tanto, la industria insta al gobierno a intervenir, no solo para extender la vida útil de los reactores existentes, sino también para evitar que Engie tome pasos irreversibles de cierre.
Al mismo tiempo, las diversas fuerzas en el proceso de formación del nuevo gobierno belga también están ejerciendo presión para que la energía nuclear se convierta en un pilar de la estrategia energética a largo plazo. La industria subraya que si Engie no está dispuesta a continuar invirtiendo u operando bajo el marco actual, el gobierno debería considerar medidas enérgicas, como medios legislativos o la toma de control de sus operaciones nucleares, para salvaguardar el interés público.
Actualmente, Engie ha mantenido una postura cautelosa e incluso resistente a extender aún más la operación nuclear, citando las enormes inversiones requeridas para las actualizaciones de seguridad, la compleja aprobación regulatoria y las responsabilidades legales a largo plazo en el tratamiento de los residuos nucleares al final de su ciclo de vida.
