es.wedoany.com Noticia: El Gobierno de España, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha impulsado la creación de 262 comunidades energéticas con una inversión total de 100 millones de euros. Estas comunidades agrupan a 111.166 personas físicas, pymes y entidades locales, con el objetivo de fomentar el despliegue de energías renovables y la participación de los consumidores.
Según informa el IDAE, las comunidades beneficiarias prevén llevar a cabo 1.472 actuaciones, entre las que se incluyen la instalación de 175,3 MW de potencia de generación fotovoltaica, 5 MW de potencia térmica, 85 MWh de sistemas de almacenamiento y 426 puntos de recarga para vehículos eléctricos. Además, hay 124 proyectos de gestión de la demanda y 14 proyectos de energías renovables térmicas, como aerotermia y biomasa.
Por distribución geográfica, Cataluña cuenta con 72 proyectos de comunidades energéticas, la cifra más alta; seguida de Castilla y León (40) y Andalucía (34). El resto se reparten entre el País Vasco (18), Aragón, la Comunidad Valenciana y Galicia (16 cada una), Castilla-La Mancha (14), Extremadura (10), Madrid (9), Navarra (5), Murcia (4), Asturias, Canarias y Cantabria (2 cada una), así como Baleares y La Rioja (1 cada una).
Todas las entidades beneficiarias son cooperativas y asociaciones, sin que haya ninguna sociedad anónima o limitada. De estas 262 comunidades, 159 se ubican en municipios de reto demográfico y 7 en zonas de transición justa. El IDAE señala que estas entidades pueden seguir admitiendo nuevos miembros, lo que permitiría un mayor crecimiento en el número de participantes.
Miguel Rodrigo, director general del IDAE, declaró: «Hemos abierto una vía importante para responder a la demanda social de que la ciudadanía participe en el cambio del sistema energético, de modo que cualquier persona interesada pueda promover o sumarse a la producción y autoconsumo colectivo de energía renovable, obteniendo así una energía más barata y libre de emisiones».
Exposición del instituto: «La participación ciudadana en la transición energética es uno de los objetivos fundamentales del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Las comunidades energéticas permiten a los ciudadanos producir, consumir, almacenar, compartir y vender energía renovable de forma colectiva. Su propósito principal es proporcionar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus miembros y al entorno donde operan, en lugar de perseguir una rentabilidad financiera. Estas entidades conllevan múltiples ventajas para sus integrantes y para la zona donde se ubican. Permiten a los ciudadanos generar energía renovable, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles, crean empleo y actividad económica en los municipios donde operan, y contribuyen a la lucha contra el cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto a su composición, pueden ser colectivos o cooperativas ya existentes que incursionan en el ámbito energético, o bien entidades de nueva creación constituidas para este fin. También abarcan proyectos colectivos, desde pequeños parques solares o eólicos promovidos por grupos de ciudadanos en las afueras de una localidad, hasta proyectos más integrales que combinan diferentes tecnologías. Su impacto trasciende el ámbito energético; contribuyen a combatir el cambio climático y la pobreza energética, y fomentan la mejora social de las comunidades. Por ello, representan una fórmula especialmente ventajosa para los municipios que afrontan desafíos demográficos, dada su proximidad al terreno, el conocimiento de sus sensibilidades y las ventajas que pueden ofrecer, al tiempo que ayudan a dinamizar la economía local, crear empleo y fijar población. Esto está en consonancia con lo exigido por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde "la ciudadanía se sitúa en el centro de la transición energética"».
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