es.wedoany.com Noticia: El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, advirtió que el país enfrenta riesgos si se impulsan mecanismos de comercialización de oro sin contar con sistemas eficaces de trazabilidad, fiscalización y control del origen del mineral.
Ortiz señaló en la más reciente edición de su columna “Semáforo Minero” que el debate sobre propuestas como la creación de un “Banco de Oro Peruano” debe realizarse con cautela, especialmente en un contexto de incremento de la minería ilegal y de limitada capacidad institucional para fiscalizar la cadena de comercialización del oro. Afirmó que el Perú no puede permitirse abrir espacios que terminen facilitando el ingreso de oro ilegal a los canales formales o que lo legitimen, y que cualquier iniciativa estatal orientada a comprar oro directamente a pequeños productores o mineros en proceso de formalización debe establecer estándares rigurosos de trazabilidad y control.
El titular del IIMP indicó que el precio internacional del oro se encuentra en máximos históricos, pero la producción formal de oro en el Perú continúa disminuyendo. Esta situación genera cuestionamientos sobre el origen del mineral que ingresa a los canales comerciales y de exportación. Ortiz advirtió que las redes vinculadas a la economía ilegal están aprovechando los vacíos normativos y las debilidades institucionales para infiltrar oro de origen ilícito en la cadena de comercialización formal.
Ortiz también manifestó que la pequeña minería y la minería artesanal requieren asistencia técnica, acceso a financiamiento y orientación para avanzar en su formalización, pero que este proceso no debe convertirse en un mecanismo que debilite la legalidad. Subrayó que la minería peruana necesita más inclusión y competitividad, pero también límites claros frente a iniciativas que puedan debilitar los esfuerzos de lucha contra la minería ilegal. Finalmente, señaló que el futuro del sector minero radica en consolidar una industria moderna, inclusiva y transparente, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad institucional y de fiscalización del Estado.
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