es.wedoany.com Noticia: El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha presentado recientemente un borrador de real decreto que transformará el panorama energético nacional mediante la introducción de un porcentaje mínimo obligatorio de mezcla de combustible verde (biometano). La propuesta, presentada por el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, exige que las empresas comercializadoras de gas natural y los usuarios que adquieran directamente en el mercado mayorista sustituyan progresivamente el gas natural convencional por biometano producido a partir de residuos ganaderos y agrícolas a partir de 2028, con el fin de reducir la dependencia de los mercados exteriores y disminuir las emisiones contaminantes. El período de consulta pública de este borrador permanecerá abierto hasta el 11 de junio.
Según el calendario establecido en el borrador, el porcentaje mínimo obligatorio de combustible verde en las transacciones de gas natural convencional comenzará en el 0,5% en 2028, aumentará progresivamente cada año y alcanzará el 6% en 2035. Las previsiones de demanda, gestionadas conjuntamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Planificación Energética Nacional, indican que este porcentaje se traducirá finalmente en una incorporación anual de aproximadamente 10 TWh de combustible verde. Para verificar las transacciones, las empresas afectadas deberán presentar las correspondientes garantías de origen.
Las estadísticas oficiales muestran que la industria del biometano en España se está acelerando: en 2021 solo existía una instalación operativa en todo el país, cifra que a principios de 2026 ha aumentado a 23 plantas. Actualmente, 21 de estos centros inyectan ya su producción directamente en la red nacional de gasoductos, con una capacidad total de 1,4 TWh. El objetivo nacional a medio plazo es alcanzar una generación total de 20 TWh mediante procesos de biodegradación para finales de esta década. El marco regulatorio del borrador se basa en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, destinado a hacer frente a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. El régimen sancionador califica como infracción muy grave el incumplimiento o la certificación inadecuada de los objetivos anuales.
En cuanto al ámbito de cómputo obligatorio del combustible verde, el borrador excluye explícitamente el suministro destinado a centrales de ciclo combinado, así como el consumo energético de plantas de cogeneración y territorios insulares. La demanda del sector del transporte (carretera, aviación y marítimo) se regulará mediante legislación específica. Las plantas que suministren producto para cumplir los objetivos deberán obtener una certificación de idoneidad ambiental que garantice la generación de beneficios sociales en el entorno rural. El almacenamiento y tratamiento de residuos orgánicos locales es crucial para equilibrar la actividad ganadera tradicional con el suministro energético regional, y la normativa exige auditorías rigurosas para certificar la trazabilidad completa del vector limpio desde la producción hasta el punto de inyección.
El borrador también contempla múltiples modificaciones técnicas destinadas a optimizar el uso de los gasoductos existentes y acelerar la conexión de las plantas de tratamiento. Una de las principales novedades es la consideración de los sistemas de flujo inverso como parte integrante y financiable de la propia red de transporte, además de establecer las características para el uso de gasoductos directos con tipos de gas combustible alternativos. Para garantizar la transparencia del mercado y prevenir el fraude, la normativa establece la inhabilitación inmediata de los operadores infractores y prevé reforzar el control administrativo mediante un nuevo canal electrónico. La reconfiguración del sistema busca salvaguardar la seguridad del suministro nacional y ofrecer estabilidad a los inversores en energías renovables. Este borrador, plenamente respaldado por las directivas de la Unión Europea, tiene como objetivo aprovechar los subproductos orgánicos e impulsar la economía circular. El despliegue de estas instalaciones busca el equilibrio geográfico, fomentando la fijación de población en zonas vulnerables mediante el empleo especializado.
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