es.wedoany.com Noticia: El Primer Tribunal Ambiental de Chile aprobó recientemente la modificación de un acuerdo de conciliación entre el Consejo de Defensa del Estado y Compañía Minera Nevada SpA, en el marco de una demanda por reparación de daño ambiental derivado de la intervención de humedales altoandinos en la comuna de Alto del Carmen, región de Atacama.
El núcleo de la modificación incluye la extensión por dos años del plazo de ejecución de la Medida 1, correspondiente al Plan de Restauración de Humedales Altoandinos. Dicho plan abarca la remoción de coluvios y la restauración de las condiciones del sistema, especialmente en lo relativo a la función hidrológica. El ajuste se basa en informes de monitoreo realizados durante los primeros cuatro años de ejecución, que muestran que, si bien se han logrado ciertos avances en la recuperación del ecosistema afectado, la velocidad de restauración ha sido más lenta de lo esperado en términos de mejora de las condiciones de humedad y regeneración de la vegetación.
Además, la modificación propone ejecutar e implementar un nuevo monitoreo de las condiciones hidrológicas, restaurar puntos de extracción, modificar la cobertura vegetal en parcelas de ensayo y favorecer la regeneración natural de la vegetación en los humedales de rescate. Además de la prórroga de dos años, las nuevas acciones incluyen el rebaje artificial del suelo en puntos específicos de los humedales para promover la mejora de la humedad a nivel cercano a la superficie. Esta actualización también establece un nuevo indicador de cumplimiento: durante la estación seca, al menos el 60% de la superficie de los humedales de rescate debe presentar humedad detectable a una profundidad de 80 a 100 centímetros, condición que se evaluará mediante estudios geofísicos.
Asimismo, la modificación elimina algunas actividades de monitoreo consideradas innecesarias para los objetivos de restauración, incluyendo el monitoreo y registro fotográfico de la fauna, la evaluación del rendimiento fotosintético mediante intercambio de gases y la supervisión anual del estado de los cercos.
El Tribunal aprobó la decisión por mayoría de votos de los jueces Alamiro Alfaro Zepeda y Cristián López Montecinos (juez subrogante legal del Segundo Tribunal Ambiental). Se determinó que la modificación mantiene el propósito y enfoque del acuerdo original, es decir, restaurar las condiciones hidrológicas del ecosistema intervenido y recuperar progresivamente sus funciones ecológicas. La resolución considera que "la extensión temporal es técnicamente adecuada para evaluar de manera más robusta la evolución del establecimiento del sistema, la regeneración natural y el proceso de recuperación funcional".
La decisión contó con el voto en contra de la jueza Sandra Álvarez T., quien consideró que no debía aprobarse la modificación ni la prórroga, argumentando que la solicitud era extemporánea, carecía de precisión temporal, suficiencia técnica, las garantías económicas necesarias y, en última instancia, no aseguraba el cumplimiento efectivo de los objetivos originales del acuerdo en el ecosistema estudiado.
Este caso se inició en abril de 2019, cuando el Consejo de Defensa del Estado presentó una demanda por reparación de daño ambiental contra Compañía Minera Nevada SpA, acusándola de haber afectado, más allá de lo autorizado, aproximadamente 13.832 hectáreas de cojín denso (Azorella madrepórica) y 0,16 hectáreas de humedales altoandinos. El proceso concluyó en mayo de 2020, cuando el Tribunal aprobó el acuerdo de conciliación presentado por ambas partes. Dicho acuerdo incluye un Plan de Restauración y Puesta en Valor de Ecosistemas Altoandinos en el área del proyecto Pascua Lama, destinado a ejecutar medidas de restauración ecológica, protección, monitoreo y seguimiento de los componentes del ecosistema altoandino afectado. El acuerdo contempla principalmente dos líneas de acción: la restauración de humedales altoandinos y la puesta en valor del cojín denso, e incorpora mecanismos de seguimiento técnico, coordinación con las autoridades competentes y herramientas complementarias para apoyar iniciativas relacionadas con el uso sostenible de estos ecosistemas.
La labor de seguimiento y control del Primer Tribunal Ambiental sobre las sentencias y acuerdos de conciliación en casos de daño ambiental incluye la revisión de informes de seguimiento, la realización de audiencias de seguimiento y la resolución de controversias en la ejecución de estas decisiones, con el fin de garantizar su cumplimiento.
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