El Senado de Argentina aprobó recientemente un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, que fue ratificado con 40 votos a favor y 31 en contra, y ahora ha sido enviado a la Cámara de Diputados para su votación final. Esta reforma tiene como objetivo ajustar el marco regulatorio de las inversiones mineras, otorgando mayor autonomía a las provincias en la protección ambiental de glaciares y entornos periglaciales.
Si el proyecto se convierte finalmente en ley, las provincias argentinas podrán establecer sus propios estándares para la protección de glaciares y entornos periglaciales. El entorno periglacial generalmente se refiere a las capas de hielo en alta montaña cubiertas por sedimentos o rocas, áreas que desempeñan un papel crucial como reservas de agua dulce. Para el sector minero, este cambio podría significar un importante giro en la dirección regulatoria, contribuyendo a clarificar la definición de áreas protegidas y los criterios de evaluación de proyectos de inversión.
Los partidarios de la reforma argumentan que la legislación actual presenta incertidumbre, obstaculizando el desarrollo de proyectos de minerales estratégicos como cobre y oro en la región de los Andes. Expertos del sector señalan que definiciones legales más precisas promoverán inversiones a largo plazo, permitiendo la reevaluación y avance de proyectos actualmente limitados por las regulaciones existentes.
Sin embargo, las organizaciones ambientalistas se oponen firmemente a esto, cuestionando cualquier modificación a la Ley de Glaciares de 2010. Los críticos consideran que relajar los estándares de protección podría debilitar la garantía de recursos hídricos estratégicos, generando riesgos para los ecosistemas y el suministro de agua de las comunidades. Durante la votación en el Senado, manifestantes se congregaron frente al Congreso, evidenciando la sensibilidad social de este tema.
La próxima votación en la Cámara de Diputados será crucial, y su resultado influirá directamente en la dirección de las políticas regulatorias mineras de Argentina. Inversores, gobiernos locales y grupos ambientalistas están siguiendo de cerca este debate que involucra crecimiento económico, protección ambiental y gestión de recursos hídricos.
