La minería en la provincia de Salta, Argentina, atraviesa una etapa de consolidación, siendo considerada una actividad productiva estratégica que aporta minerales críticos como litio, cobre, oro y plata, sustentando la transición energética y la industria tecnológica. El presidente de la Cámara Minera, Gili, en diálogo con Panorama Minero, señaló que mantener el ciclo de inversión minera requiere enfocarse en la predictibilidad regulatoria, la competitividad fiscal y las inversiones en infraestructura crítica, especialmente en energía, rutas y conectividad en la región de la Puna. 
La minería salteña integra recursos geológicos de clase mundial y capital humano profesional, con un ecosistema de proveedores en constante crecimiento en términos técnicos y de calidad. El gobierno provincial ha posicionado el apoyo a la minería como política pública, combinando recursos, capital humano y respaldo institucional para mejorar el posicionamiento de la provincia. Gili enfatizó que la minería es cíclica y está influenciada por variables internacionales, por lo que se requiere una gestión cautelosa de las expectativas; sin embargo, la mejora en los precios del litio, los altos niveles del oro y las perspectivas positivas para el cobre y la plata transmiten señales optimistas.
En Salta, proyectos operativos como Mansfield, Posco, Eramine y Ganfeng Lithium están consolidando su desarrollo, mientras que Mansfield avanza con nueva exploración en Arizaro, Rio Tinto construye el proyecto Rincón, y proyectos a mediano plazo como Diablillos de AbraSilver y el proyecto PPG de Ganfeng Lithium son altamente esperados. La Cámara prioriza el avance de infraestructura estratégica para asegurar energía, rutas y conectividad que mejoren la competitividad, y trabaja para agilizar los procesos de permisos, proporcionar predictibilidad y mantener tasas impositivas competitivas.
La coordinación entre los sectores público y privado se considera fundamental para construir soluciones conjuntas frente a desafíos como rutas, energía y capacitación. Gili expresó que las decisiones mineras conllevan alto riesgo y ciclos largos, requiriendo seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. La herramienta RIGI es un paso importante, pero su ventana de dos años es corta, sugiriendo su extensión y conversión en una regla permanente. Una acción coordinada de los tres niveles de gobierno en infraestructura y políticas puede enviar señales claras al mercado y evitar distorsiones por impuestos locales.
La consolidación minera en Salta ya ha generado impactos positivos, incluyendo la emergencia de nuevos proveedores, aumento del empleo y avances en capacitación. El apoyo debe profundizarse, especialmente en las comunidades de la Puna, a través de la formalización y capacitación para lograr una integración sostenible. La Ley N° 8.174 permite esquemas de inversión público-privada, abriendo oportunidades para rutas, energía y servicios clave. La expansión de la conectividad por fibra óptica y la cobertura 4G/LTE se consideran cruciales para garantizar la seguridad y eficiencia operativa.
