es.wedoany.com Noticia: El 21 de junio, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia enfrentará las visiones de desarrollo de dos candidatos en los sectores minero y de infraestructura, áreas clave para la economía y directamente relacionadas con numerosos proyectos pendientes de ejecución. El candidato de izquierda, Iván Cepeda, propone fortalecer las energías renovables, respetar las consultas populares en contra de la minería y priorizar la construcción de carreteras terciarias; el candidato de derecha, Abelardo De La Espriella, aboga por impulsar la inversión minera, ampliar las concesiones viales y acelerar los proyectos de infraestructura.
En el ámbito minero, según datos de la Asociación Colombiana de Minería, las exportaciones mineras del país en 2025 sumaron 16 060 millones de dólares, una contracción del 5 % respecto a 2024 y un descenso del 21 % frente al récord de 20 300 millones de dólares alcanzado en 2022. Las exportaciones minerales aún representan el 32 % de las ventas totales al exterior, la actividad minera contribuye con el 1,5 % del producto interno bruto y representa hasta el 80 % de la economía en municipios mineros como La Guajira y Cesar, donde operan las minas de carbón de Cerrejón y Drummond. La producción de metales del país se concentra en oro, níquel, cobre y esmeraldas, con activos principales como la mina de níquel Cerro Matoso, las minas de oro Segovia, Marmato y Buriticá, y las minas de esmeraldas en Boyacá. Actualmente, Colombia solo cuenta con una mina de cobre en producción, El Roble, ubicada en Chocó, y existen proyectos de exploración avanzada en La Guajira, Cesar y Antioquia. Entre ellos, el proyecto Alacrán, con una inversión de 700 millones de dólares y que obtuvo su licencia ambiental en mayo de 2026, tiene el potencial de convertirse en la segunda mina de cobre del país. Cepeda propone respetar las consultas populares en contra de la minería y promulgar una nueva Ley Minera, un objetivo que el gobierno de Gustavo Petro no logró alcanzar. De La Espriella, por su parte, planea apoyar la inversión formal en oro, cobre, plata y tierras raras, y combatir la minería ilegal en regiones como Chocó, Cauca y el Bajo Cauca antioqueño, afirmando que esta es "la única forma de aprovechar la riqueza del subsuelo sin entregársela al crimen".
En materia de infraestructura, las iniciativas estratégicas avanzan lentamente o están paralizadas debido a la incertidumbre electoral, la lentitud de los procesos, la complejidad de las autorizaciones y la falta de financiamiento. El resultado electoral es crucial para desbloquear proyectos masivos como la Línea 2 del Metro de Bogotá, El Dorado Max, el Tren del Pacífico, el corredor Villeta–Guaduas, el Tren del Río y el nuevo aeropuerto de Cartagena. Cepeda considera el acceso al agua potable, la internet de alta velocidad y la energía limpia como componentes de la infraestructura nacional, y su principal propuesta es un plan nacional para construir carreteras terciarias en zonas remotas, denominado "Caminos de Paz". Propone reformar el marco regulatorio para permitir que las juntas de acción comunal pavimenten calles y que grupos locales realicen obras auxiliares directamente. En transporte, su plan se orienta hacia la sostenibilidad ambiental y el transporte multimodal, fortaleciendo el sistema ferroviario, promoviendo el transporte fluvial y construyendo caminos comunitarios. Para la costa del Pacífico, el plan incluye la ampliación de puertos populares y comunitarios para fomentar la pesca artesanal, e implementar controles fiscales y de seguridad en puertos, aeropuertos y aduanas para combatir el contrabando y el lavado de dinero. También propone modernizar la Carretera Panamericana, conectando Popayán con el Pacífico, y crear un Fondo Nacional por el Derecho al Agua y fortalecer los acueductos comunitarios. De La Espriella afirma que invertir en obras públicas es una vía directa para generar empleo y dinamizar la economía. Su plan propone una inversión anual de 2 billones de pesos (aproximadamente 553 millones de dólares) para el mantenimiento de carreteras, y 15 billones de pesos para pavimentar corredores estratégicos como Medellín–Quibdó, Pereira–Quibdó y la Transversal del Carare. El plan también propone fortalecer las concesiones viales mediante una reforma de las asociaciones público-privadas (APP), crear un Grupo de Respuesta Contractual para destrabar proyectos paralizados, intervenir 2000 kilómetros de carreteras secundarias y descentralizar la red de carreteras terciarias hacia los municipios. En transporte, impulsa las Líneas 2 y 3 del Metro de Bogotá, el sistema Regiotram, el corredor Buga–Cali, la navegabilidad del río Magdalena, las obras del Canal del Dique, y mejoras en puertos y aeropuertos como Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, El Dorado Max y Aerocafé. También menciona la construcción de una megacárcel de máxima seguridad como parte del plan de infraestructura institucional.
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