Recientemente, el Tribunal Administrativo de Toulouse, en Francia, emitió un fallo ordenando la suspensión de la construcción de una controvertida autopista en el suroeste del país, al considerarla ilegal. La autopista, conocida como A69, está ubicada entre Castres y Toulouse y, hasta el momento, su construcción había avanzado más de la mitad.

En un comunicado, el Tribunal Administrativo de Toulouse señaló que la construcción de la autopista A69 no demostraba "una razón imperiosa de interés público mayor" y que no había justificación razonable para el daño ambiental causado por el proyecto. Por lo tanto, el tribunal revocó el permiso de planificación ambiental del proyecto, una decisión histórica que convierte en ilegal cualquier trabajo adicional en el lugar. Esta es la primera vez que un tribunal administrativo anula un proyecto de autopista por motivos ambientales.

El tribunal agregó en su declaración: "El proyecto ha sido suspendido, con la única excepción de las operaciones necesarias para garantizar la seguridad en el lugar". Esto implica que, hasta que se emita un fallo definitivo, no se podrán continuar los trabajos de construcción de la autopista A69.

Se tenía previsto que esta autopista de 53 kilómetros estuviera operativa a finales de 2025, pero la decisión actual introduce incertidumbre sobre este plan. Aunque se esperaba que el fallo se emitiera en diciembre de 2024, ha sido pospuesto. El gobierno francés prevé apelar la sentencia del tribunal; el ministro de Transporte, Philippe Tabarot, calificó el fallo de "absurdo" en una entrevista y solicitó al tribunal que no implemente la prohibición de inmediato, permitiendo que el trabajo continúe durante el proceso de apelación.

Según Atosca, la empresa concesionaria de la autopista, hasta ahora se ha completado aproximadamente el 40% de las obras de movimiento de tierras y el 70% de unos 200 pasos de carretera. El presupuesto de construcción de la vía asciende a 450 millones de euros, de los cuales ya se han gastado alrededor de 300 millones. Sin embargo, con la emisión de la prohibición del tribunal, estos fondos invertidos podrían correr el riesgo de no ser recuperados.