es.wedoany.com Noticia: El Gobierno de España ha ampliado en dos años, hasta el 30 de junio de 2028, el plazo para que los municipios de zonas de transición justa ejecuten proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), busca evitar que unas 60 iniciativas valoradas en 70 millones de euros queden paralizadas por no poder cumplir el plazo original. Estos proyectos están financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
La orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) modifica las bases reguladoras de las convocatorias de ayudas aprobadas en 2021 y 2023 para adaptarlas a las dificultades de ejecución detectadas por el departamento en los municipios beneficiarios. Anteriormente, la fecha límite para completar estos proyectos era el 30 de junio de 2026, un plazo que muchos ayuntamientos consideraban inalcanzable debido a la complejidad administrativa y técnica de las iniciativas.
Según fuentes del MITECO, esta prórroga beneficia especialmente a los pequeños municipios afectados por el cierre de minas, centrales térmicas de carbón y otras instalaciones energéticas, que tienen una capacidad limitada para gestionar inversiones de gran envergadura. El Instituto para la Transición Justa estima que la ampliación evitará que los ayuntamientos tengan que devolver los anticipos ya recibidos y podrán completar proyectos que, de otro modo, quedarían a medio camino.
La primera convocatoria de ayudas se resolvió en julio de 2023, asignando 89 millones de euros a 107 proyectos de infraestructuras en zonas de transición justa. Ante el elevado número de solicitudes recibidas, el Gobierno lanzó una segunda convocatoria, dotada con 25 millones de euros adicionales para otras 19 iniciativas, que fue aprobada en mayo de 2025. En total, entre estas dos convocatorias y los acuerdos específicos ajustados al PRTR, se han movilizado 125,5 millones de euros para 149 proyectos, superando ampliamente el objetivo comprometido con la Comisión Europea de poner en marcha al menos 130 iniciativas con una financiación mínima de 102 millones de euros.
El Gobierno justifica esta modificación normativa en el interés público y en la necesidad de garantizar el aprovechamiento óptimo de los fondos europeos. El BOE señala que la reprogramación de plazos evita daños graves y de difícil reparación a las entidades locales, al tiempo que asegura la eficiencia en el uso de los recursos públicos, sin perjudicar los hitos ya cumplidos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La orden establece que los ayuntamientos que prevean no poder cumplir con el calendario inicial deberán solicitar formalmente la prórroga al Instituto para la Transición Justa antes de que finalice el plazo actual. La ampliación no podrá conllevar un incremento de las subvenciones ya aprobadas, y los municipios deberán acreditar que los objetivos del proyecto se mantienen sin perjudicar los derechos de terceros. Además, la fecha límite para la justificación de los proyectos completados se fija para el 31 de agosto de 2028.
Esta modificación normativa responde también a las solicitudes planteadas por los propios ayuntamientos y por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que había alertado del riesgo de perder fondos europeos en zonas especialmente afectadas por la transición energética y el reto demográfico. Estas ayudas forman parte de la estrategia de transición justa impulsada por el Gobierno para mitigar el impacto económico y social del cierre de instalaciones energéticas de alta emisión de carbono, reforzando las infraestructuras y los servicios públicos básicos en estas áreas para fomentar la actividad económica, combatir la despoblación y avanzar hacia una economía climáticamente neutra.
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