La nueva ley minera de Ecuador ya está oficialmente en vigor, con el objetivo de reformar el sistema de permisos ambientales, establecer zonas protegidas de minería y ajustar la distribución de regalías, para atraer inversiones y combatir la minería ilegal. La normativa, aprobada por la Asamblea Nacional el 26 de febrero y firmada por el presidente Daniel Noboa el 28 de febrero, reemplaza los actuales permisos ambientales por un sistema más amplio de "autorización ambiental", e introduce medidas como la simplificación de trámites y la regulación de la minería artesanal.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, declaró en el evento Día de Ecuador de la Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC): "La seguridad jurídica bajo las nuevas reglas implica derechos y obligaciones claros y previos relacionados con las concesiones mineras, y menos cambios de reglas intermedias; las preocupaciones restantes de los inversores se abordarán en la normativa próxima a publicarse". Señaló que el objetivo del gobierno es reducir los retrasos administrativos, y que los tiempos de espera para la aprobación podrían acortarse de dos años.

Según el nuevo marco, la autorización ambiental se puede clasificar en tres modalidades según el riesgo, incluyendo un permiso completo para proyectos de alto impacto y una vía simplificada para proyectos de bajo impacto. Las regalías se establecen entre el 3% y el 8% de las ventas, de las cuales el 60% se destina a proyectos sociales de los gobiernos locales. El gobierno está revisando los impuestos mineros para equilibrar el entorno de inversión.

En materia de seguridad, la reforma crea zonas mineras protegidas, permite el despliegue de fuerzas militares en áreas amenazadas por la minería ilegal y regula la minería artesanal. Manzano afirmó que en todo el país se han identificado unos 400 puntos de minería ilegal, considerándose el oro ilegal una amenaza ambiental y de seguridad pública. La vicepresidenta María José Pinto enfatizó: "Ecuador no puede aceptar la expansión de la minería ilegal, que opera fuera de la ley, destruye ecosistemas y financia el crimen organizado".

El embajador de Canadá en Ecuador, Craig Kowalik, expresó que los inversores desean reglas predecibles y decisiones más rápidas, y acogió con satisfacción los esfuerzos por simplificar los trámites. Sin embargo, la reforma enfrenta preocupaciones de grupos ambientalistas e indígenas, que temen pueda debilitar la supervisión y los derechos de consulta comunitaria. Una prueba reciente radica en la aplicación práctica del nuevo sistema de autorización y en si podrá acortar los plazos sin generar impugnaciones legales.