Zimbabwe ha suspendido recientemente todas las exportaciones de concentrados y minerales de litio crudo para abordar las irregularidades en el sector minero. El gobierno afirma que esta medida no es un cambio de política, sino una aplicación necesaria de las leyes existentes. Durante años, Zimbabwe ha proporcionado un entorno de inversión flexible para las empresas mineras, incluyendo la concesión de propiedad del 100% de los derechos mineros y autonomía en la contratación, pero algunas empresas no han cumplido con sus obligaciones de declaración.

El Secretario Permanente del Ministerio de Minería, Pfungwa Kunaka, señaló: "Confiamos en que harían lo correcto, pero fueron demasiado perezosos para hacerlo". Las investigaciones revelan problemas generalizados en las empresas de litio, como la no declaración de múltiples minerales, el abuso de licencias, declaraciones falsas y el acaparamiento ilegal transfronterizo. Por ejemplo, en 2025 Zimbabwe exportó más de 1,5 millones de toneladas de litio, generando ingresos de aproximadamente 571,6 millones de dólares, pero el gobierno solo recibió alrededor de 40 millones de dólares en regalías, lo que representa un 7%.

En contraste, empresas del sector de metales del grupo del platino como Zimplats, Mimosa y Unki cumplen con los estándares internacionales ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y declaran todos los minerales descubiertos. El portavoz del gobierno, Nick Mangwana, enfatizó: "Este comportamiento equivale a saquear nuestra herencia nacional". Zimbabwe ha tomado medidas para fortalecer la regulación, incluyendo el despliegue de funcionarios en las fronteras para monitoreo diario, la elaboración de nueva legislación que tipifique la no declaración como delito penal, y planes para construir al menos cuatro plantas procesadoras de sulfato de litio para fines de 2026.

La prohibición de exportación de litio de Zimbabwe tiene como objetivo garantizar que el valor del recurso permanezca en el país y promover el procesamiento local. El gobierno afirma que esto no está dirigido contra inversores específicos, sino que busca establecer un entorno minero más justo y transparente. En el futuro, las empresas deberán cumplir con los mismos estándares que las principales jurisdicciones mineras globales para apoyar el desarrollo económico a largo plazo de Zimbabwe.