Zorel Morales, director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá, ha declarado públicamente que el Tribunal Supremo de Panamá debería declarar inconstitucional la moratoria minera del país. Morales subrayó que, según la Constitución panameña, las actividades mineras tienen importantes beneficios sociales y económicos.
En noviembre de 2023, en respuesta a las protestas generalizadas tras la firma por parte del gobierno de un nuevo contrato con Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, Panamá promulgó la Ley 407, que suspendía las actividades mineras en el país. La medida provocó el cierre de la mina Cobre Panamá, una de las mayores fuentes de cobre del mundo, ese mismo mes. Posteriormente, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato de First Quantum. Cuando estaba en pleno funcionamiento, la mina representaba alrededor del 1,5% de la producción mundial de cobre.

Morales señaló que el cierre de la mina Cobre Panamá y la posterior moratoria minera tuvieron un gran impacto en la economía minera panameña.
«No se puede eliminar el 5% del PIB y no esperar consecuencias». comentó.
Según él, el desempleo ha aumentado en todo el país, y las comunidades cercanas a las minas, en particular, se enfrentan a la pérdida de su principal fuente de sustento.

Tras el cierre de Cobre Panamá, First Quantum ha solicitado al Gobierno panameño una indemnización de al menos 20.000 millones de dólares a través de dos arbitrajes en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y el Tratado de Libre Comercio Canadá-Panamá (TLCCP). La Cámara Minera de Panamá espera que el Tribunal Supremo revise la prohibición de la minería para reactivar las actividades mineras en el país y mitigar el impacto económico y social.