Según informes de medios extranjeros, el gobierno de México anunció un importante ajuste en su política energética, exigiendo que todos los futuros proyectos de generación eólica y solar incluyan sistemas de almacenamiento en baterías equivalentes al 30% de la capacidad instalada, con una duración mínima de almacenamiento de 3 horas. Esta nueva regulación fue anunciada oficialmente por el viceministro de Planificación y Transición Energética, Jorge Islas, durante el Foro del Plan Estratégico Nacional en el Senado y ya está incorporada en las normativas de la red nacional.

Esta política surge en el contexto de la aceleración de la transición energética en México. Según el plan, para 2030 México añadirá 21,8 gigavatios de capacidad de generación, de los cuales el 80% provendrá de energías limpias. El gobierno propuso dos escenarios: en el escenario base, la proporción de energías limpias aumentará del 22% actual al 38%, mientras que un plan más ambicioso apunta al 45%. A corto plazo, para 2028, México construirá seis proyectos de "fotovoltaica + almacenamiento" en el norte del país, añadiendo 1.673 megavatios de capacidad fotovoltaica y 574 megavatios de almacenamiento en baterías.

Bajo el nuevo marco normativo, México ofrece al sector privado tres modelos de participación: vender toda la energía verde generada a la compañía eléctrica estatal CFE; formar una empresa conjunta con CFE, con una participación privada de hasta el 46%; o construir plantas de energía propias para participar directamente en el mercado mayorista de electricidad o venderla de manera directa. El gobierno también reveló planes para implementar un total de 8.412 megavatios de sistemas de almacenamiento entre 2024 y 2038.