El fiscal general de California, Rob Bonta, junto con los fiscales generales de otros 17 estados, presentó una demanda contra la orden ejecutiva emitida en enero por el gobierno de Trump que suspende el desarrollo de proyectos de energía eólica marina. La coalición argumenta que esta prohibición obstaculiza los esfuerzos de los estados para diversificar sus fuentes de energía, alcanzar metas de energía limpia y combatir el cambio climático.

La orden ejecutiva en cuestión suspende la aprobación de permisos federales para proyectos de energía eólica en tierra y mar, a la espera de una revisión de políticas. Los fiscales generales señalan que esta orden y las acciones posteriores de las agencias federales violan leyes federales como la Ley de Procedimiento Administrativo. La demanda solicita que el tribunal declare la orden inválida y prohíba al gobierno continuar obstaculizando el desarrollo de proyectos eólicos.

El fiscal general Bonta afirmó: "La orden del gobierno de Trump para detener el desarrollo de la energía eólica marina es ilegal. Esta decisión no solo revierte el progreso de EE.UU. en energía limpia, sino que también provocará un aumento en los precios de la energía". California cuenta con cinco contratos de arrendamiento para energía eólica marina, y los proyectos detenidos podrían suministrar energía a 1,6 millones de hogares, apoyando la transición del estado hacia la energía limpia. La prohibición también podría elevar los costos energéticos y afectar el empleo, los impuestos y más de 50 millones de dólares en fondos comunitarios.

Estados como Nueva York, Massachusetts y Washington apoyan la demanda. En abril, el desarrollador eólico alemán RWE ya había suspendido proyectos en EE.UU. debido a cambios en las políticas.