El 17 de junio de 2025, el principal partido de oposición español, el Partido Popular, logró en el Parlamento, con 171 votos a favor y 166 en contra, revertir el plan de cierre de las siete unidades nucleares operativas en el país.

La moción exige extender los permisos de operación de las unidades nucleares y anular el plan de cierre gradual establecido para 2027-2035. El partido ya había ganado en el primer trimestre de 2025 el derecho a presentar esta propuesta, que incluye extender por diez años los permisos de las siete unidades y recalcular el fondo de desmantelamiento nuclear recaudado por Enresa, la empresa estatal de gestión de residuos nucleares.

La moción destaca que, desde el acuerdo de 2019 entre Enresa y los principales operadores nucleares, el panorama energético español ha cambiado significativamente, y cerrar las centrales nucleares haría al país más vulnerable a las fluctuaciones de los precios del gas.

La legislación proporciona un marco legal para anular el decreto anterior, pero su implementación requiere la aprobación legislativa para revocar el plan de cierre unidad por unidad y obtener permisos regulatorios para extender la vida útil. El cronograma para este proceso aún no está claro.

España había planeado cerrar todas sus unidades nucleares, con una capacidad total de 7,4 GWe, entre 2027 y 2035, a un ritmo de una unidad por año. La unidad 1 de Almaraz (1049 MWe) estaba programada para cerrar en 2027, seguida de la unidad 2 (1044 MWe) en 2028.

Con los cambios en la dinámica del mercado, la reorientación de las políticas nucleares en Europa y el aumento de las tarifas del fondo de desmantelamiento en 2024 por encima de los límites acordados, las tres empresas operadoras y la Asociación Nuclear Española (Foro Nuclear) han expresado su apoyo a la extensión de la vida útil de las centrales, bajo condiciones específicas, principalmente la revaluación de las tarifas de Enresa.

El 16 de junio de 2025, fuentes anónimas revelaron que los tres principales accionistas de las unidades 1 y 2 de Almaraz enviaron una carta conjunta al Ministerio de Transición Ecológica solicitando extender los permisos de operación y reducir la tasa de contribución al fondo de desmantelamiento.