Recientemente, el gobierno de India anunció la flexibilización de las regulaciones de 2015 que obligaban a las plantas de carbón a instalar sistemas de desulfuración de gases de combustión (FGD). Las autoridades afirman que esta medida podría reducir el costo de la electricidad entre 0,25 y 0,30 rupias por kilovatio-hora. El ajuste de la política se publicó oficialmente a través de una notificación en el boletín del gobierno, tras un análisis exhaustivo del Comité Central de Control de la Contaminación, que mostró un aumento en las emisiones de dióxido de carbono debido a las medidas actuales de control de la contaminación, lo que llevó al gobierno a reevaluar los requisitos de instalación de FGD.

La nueva regulación se aplica solo a las plantas ubicadas dentro de un radio de 10 kilómetros de ciudades con más de un millón de habitantes. Esta exención cubrirá aproximadamente el 79% de la capacidad de generación térmica de India, mientras que las plantas en áreas altamente contaminadas o ciudades que no cumplen con los estándares serán evaluadas caso por caso. El esquema de control diferenciado se basa en la densidad poblacional de las ciudades y el contenido de azufre del carbón utilizado.

Estudios realizados por instituciones como el Instituto Indio de Tecnología de Delhi, el Instituto Nacional de Investigación en Ingeniería Ambiental de India y el Instituto Nacional de Estudios Avanzados (NIAS) indican que las concentraciones de dióxido de azufre en la mayoría de las regiones de India cumplen con los estándares nacionales de calidad del aire ambiental. Los datos muestran que las concentraciones de dióxido de azufre oscilan entre 3 y 20 microgramos por metro cúbico, muy por debajo del límite estándar nacional de 80 microgramos por metro cúbico. Esto ha generado cuestionamientos en la industria sobre la relación costo-beneficio de instalar sistemas FGD en todo el país, especialmente considerando las características de bajo contenido de azufre del carbón indio. Por otro lado, la reducción de los precios de la electricidad beneficiará directamente a los consumidores. En un mercado eléctrico de alta demanda y sensible a los precios como el de India, esta medida ayudará a las empresas de distribución a controlar los precios de la electricidad y reducirá la presión de los subsidios gubernamentales. Anteriormente, la carga financiera de la modernización obligatoria de los FGD ascendía a 2,5 billones de rupias, equivalente a 1,2 millones de rupias por megavatio.