El Parlamento español rechazó recientemente el Real Decreto-ley 7/2025, una ley destinada a fortalecer la reforma de la red eléctrica nacional y promover el desarrollo de almacenamiento de baterías. Esta propuesta legislativa fue una respuesta al apagón generalizado del 28 de abril que dejó sin electricidad a millones de hogares.

El proyecto de ley rechazado incluía varias medidas de reforma de la red, como ampliar el radio de intercambio de energía fotovoltaica de 2 a 5 kilómetros, establecer una entidad de gestión de energía para autoconsumo y fomentar la construcción de sistemas de almacenamiento híbrido. A nivel operativo, la propuesta permitía a los operadores de energías renovables recibir compensación por ofrecer servicios de control de voltaje y ajustar las regulaciones relacionadas con la estabilidad de la red.

La ley también abordaba la modernización de centrales eléctricas antiguas y la expansión de la red de carga para vehículos eléctricos. El ministro de Energía español afirmó: "Estas medidas podrían haber acelerado la transición energética y mejorado la fiabilidad de la red". Sin embargo, la mayoría de los parlamentarios consideraron que la propuesta estaba insuficientemente preparada y necesitaba más revisiones.