El Ayuntamiento de Bilbao, a través de su empresa municipal Surbisa, ha extendido las acciones de rehabilitación de edificios al barrio de Iturrigorri-Peñascal. Esta zona es una de las comunidades más vulnerables con la renta per cápita más baja de la ciudad, y un total de 58 edificios con 505 viviendas están incluidos en este programa de rehabilitación.
Por iniciativa del Ayuntamiento de Bilbao, el Gobierno Vasco ha declarado esta área como Zona de Rehabilitación Preferente. El acuerdo correspondiente se presentará para su aprobación en el pleno del Ayuntamiento en febrero. Esta acción de rehabilitación tiene como objetivo realizar mejoras integrales en edificios que no estaban incluidos en planes urbanísticos anteriores, con el fin de mejorar las condiciones de vida en el barrio. Surbisa brindará apoyo integral durante todo el proceso, desde el diagnóstico del edificio hasta la ejecución de las obras.
El ámbito de intervención abarca cinco edificios en la zona de Gardeazabal, 38 en el Camino Peñascal y 15 en Iturrigorribidea. La mayoría de estos edificios fueron construidos entre las décadas de 1960 y 1980, con una antigüedad media de entre 35 y 65 años. De los 58 edificios, ocho presentan deficiencias que requieren subsanación, ocho carecen de etiqueta energética, solo diez cuentan con ascensor y cinco tienen instalado un sistema de aislamiento térmico en fachadas. Los trabajos de rehabilitación se centrarán en mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de las viviendas.
Surbisa ofrecerá a los residentes un apoyo integral que abarca los ámbitos técnico, legal, administrativo, social y económico, incluyendo diagnóstico del estado del edificio, selección de soluciones de rehabilitación, solicitud de ayudas económicas y coordinación con la administración de la finca. En función de la situación socioeconómica de las familias, los propietarios podrán acceder a subvenciones a fondo perdido de hasta el 55%, aportando el Gobierno Vasco un 30% y Surbisa un 25%. La duración total del plan de rehabilitación podría extenderse hasta 10 años, y el ritmo de ejecución será decidido por cada comunidad de propietarios.
