es.wedoany.com Noticia: El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) presentó recientemente una agenda de emergencia para los primeros 100 días del próximo gobierno, con el objetivo de recuperar la competitividad del sector, acelerar el avance de proyectos e integrar al Perú en la cadena de suministro global de minerales críticos. Durante el evento "Minería: Oportunidades globales y lo pendiente en el Perú", Darío Zegarra, presidente del IIMP, señaló que la transición energética ofrece oportunidades geopolíticas, pero el Perú enfrenta desafíos institucionales internos.
"La oportunidad estratégica del Perú en el ámbito de los minerales críticos es hoy mayor que hace unos años. El principal cuello de botella ya no es geológico, sino institucional", dijo Zegarra.
El IIMP propone tres acciones prioritarias: la primera, combatir la minería ilegal desde una perspectiva de seguridad, trazabilidad y control territorial, considerándola una amenaza para la seguridad y la gobernanza; la segunda, reformar el sistema de permisos mediante la simplificación administrativa y la digitalización de licencias para mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos; la tercera, aprovechar los acuerdos internacionales y los memorandos de entendimiento sobre minerales críticos para abrir espacio geopolítico. Zegarra enfatizó: "El Perú puede ser un socio hemisférico clave, siempre que integre estas tres agendas: combatir las actividades ilegales, reformar el sistema de permisos y desarrollar la cadena de suministro".
Varios expresidentes del IIMP también participaron en el debate. Víctor Gobitz instó a fortalecer la trazabilidad en lugar de ampliar el Reinfo, y sugirió coordinar con entidades como Senace y ANA. Juan José Herrera abogó por que el Ministerio de Energía y Minas establezca un sistema de seguimiento de licencias que conecte a los organismos reguladores. Antonio Samaniego, por su parte, enfatizó que el Perú debe definir claramente su posición nacional como país minero, regular las actividades informales mediante la emisión de licencias, el control de explosivos y la supervisión en campo, además de fortalecer el papel de los gobiernos locales.
Zegarra concluyó que, independientemente de la inclinación política del próximo gobierno, la minería debe ser tratada como una prioridad estratégica, ya que está vinculada al empleo, el bienestar y la inversión. Instó: "Ordenemos la gobernanza minera, transformando los diálogos dispersos en una narrativa unificada: más seguridad, más formalización, y una integración geopolítica más estratégica".
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