Varios grupos ecologistas presentaron recientemente una demanda contra la administración Trump impugnando su decisión de anular la decisión del expresidente Joe Biden de cancelar futuros arrendamientos de petróleo y gas en algunas zonas mar adentro. Otra demanda relacionada pide al tribunal que restablezca una sentencia federal que había invalidado los intentos de la primera administración Trump de deshacer las protecciones en alta mar de la era Obama.

Christian Wagley, coordinador costero de Healthy Gulf, dijo que las demandas no afectarán a las actuales perforaciones de petróleo y gas en Texas. Señaló que la gran mayoría de la perforación en alta mar en los EE. UU. Se concentra en el centro y oeste del Golfo de México, incluyendo Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas, y que estas áreas no se verán directamente afectadas por las demandas. Sin embargo, Wagley advirtió que la expansión de las perforaciones podría ser perjudicial para los ecosistemas costeros.

Dvora Ansell, abogada principal del Proyecto de Derecho Medioambiental del Sierra Club, es una de las demandantes en uno de los pleitos. Dijo que las acciones de la administración Biden reconocen el daño potencial a las comunidades costeras de la expansión de la perforación, mientras que las acciones de Trump violan la Constitución. Ansell señaló que las demandas se basan en motivos legales y constitucionales, argumentando que Trump violó la Cláusula de Propiedad de la Constitución, que otorga al Congreso la autoridad exclusiva para gestionar las tierras y aguas federales.

La administración Trump argumenta que el aumento de la producción de combustibles fósiles es esencial para satisfacer las necesidades energéticas y mantener el liderazgo de Estados Unidos en el mercado mundial de la energía. Ansell rebatió que las medidas de conservación no perturbarían la seguridad energética de Estados Unidos y que las afirmaciones de Trump carecían de fundamento.