Treinta y dos empresas representativas de la industria nuclear española han firmado recientemente una declaración en la que piden al Gobierno que revise el plan de abandono de la energía nuclear fijado para 2019 con el fin de garantizar el funcionamiento a largo plazo de las centrales nucleares. Según el plan actual, los siete reactores nucleares españoles -Almaraz I y II, Asco I y II, Cofrentes, Trillo y Vandelos II- se cerrarán en 2035. Está previsto que cuatro de estos reactores nucleares, que actualmente generan en torno al 20% de la electricidad del país, se desmantelen a finales de 2030, y que los tres restantes se cierren en 2035. Entre los firmantes figuran gigantes del sector como Empresarios Agrupados-GHESA, Framatome, GDES, GE Vernova, IDOM y Westinghouse.

La declaración afirma que el acuerdo de cierre de 2019 se alcanzó en un contexto muy diferente de la actual situación industrial, geopolítica y económica. Los firmantes piden al Gobierno que abra un diálogo para renegociar el plan. Afirmaron que el cierre progresivo de las centrales nucleares a partir de 2027 debilitaría la competitividad de la industria española, sobre todo si aún no se ha garantizado que todas las alternativas energéticas libres de carbono sean viables. Las empresas subrayaron que la energía nuclear es una fuente de energía fiable, eficiente y baja en carbono que debería recibir un apoyo político justo para atraer inversiones. Prolongar el funcionamiento de las centrales nucleares no sólo garantiza la sostenibilidad del sistema energético, sino que mantiene la seguridad de suministro, promueve el desarrollo de las energías renovables y refuerza la independencia geoestratégica de España.

Las empresas también señalaron que las centrales nucleares españolas se han modernizado y son técnicamente capaces de operar hasta 60 o incluso 80 años, en línea con las tendencias mundiales. No obstante, advierten de que para alcanzar este objetivo sería necesario garantizar la viabilidad económica de las centrales nucleares y, en particular, reducir la excesiva presión fiscal que soporta el sector. El informe muestra que la industria nuclear mantiene cerca de 20.000 puestos de trabajo altamente cualificados en ingeniería, fabricación y servicios. Un cierre anticipado de las centrales nucleares tendría un grave impacto económico y social en las regiones afectadas, provocando una pérdida de recursos tecnológicos y de capital humano y debilitando la competitividad de la infraestructura energética del país.

A principios de este mes, el Congreso español votó 171 a favor, 164 en contra y 14 abstenciones para aprobar una propuesta del derechista Partido Popular que instaba al Gobierno a tomar medidas para revertir la decisión de abandono de la energía nuclear.