El gobierno de Bolivia aprobó recientemente el Decreto Supremo N° 5549, que ajusta el marco regulatorio para la generación distribuida y establece formalmente la categoría de generación distribuida de mediana escala, con un rango de capacidad entre 1 y 6 MW. Este decreto modifica la normativa anterior N° 4477, simplificando el proceso de conexión a la red de media tensión, que ahora solo requiere autorización del organismo regulador, sin necesidad de obtener una concesión de generación.

El Decreto Supremo N° 5549 tiene como objetivo aumentar la participación de las energías renovables en el mercado eléctrico al permitir que los proyectos se conecten directamente a la red de distribución. La nueva categoría abarca a personas naturales o jurídicas que, tras ser autorizadas, pueden interconectar sus sistemas de generación con la red de media tensión del operador eléctrico correspondiente.

La normativa define con mayor claridad la elegibilidad de los generadores, los métodos de interconexión y las condiciones de compensación por el excedente de energía. Para los pequeños generadores, se implementará un esquema de medición neta, que liquidará la energía según la diferencia entre el consumo y la energía inyectada.

En cuanto a la generación distribuida de mediana escala, el organismo regulador calculará un precio estable, y los costos de compensación serán asumidos por la demanda del mercado mayorista de electricidad. El Ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, declaró: "Este decreto incentivará la inyección de excedentes de energía privada a la red eléctrica nacional, promoviendo el autoconsumo y la descentralización de la generación."

El esquema también contempla que las empresas distribuidoras otorguen una compensación económica directa a las personas que instalen sistemas (principalmente fotovoltaicos). Bolivia está trabajando para construir una estructura energética descentralizada, priorizando el desarrollo de energía solar, hidroeléctrica y biomasa según las condiciones geográficas de cada departamento.

El Ejecutivo prevé que los detalles técnicos y la normativa complementaria se publiquen en las próximas semanas, al tiempo que impulsa una "ley verde" destinada a movilizar inversión pública y privada para promover la transición energética. El plan de despliegue se realizará por etapas, comenzando por el sector privado y extendiéndose gradualmente a los ámbitos comercial y residencial. Esta estrategia combina la especialización regional, como aprovechar el potencial solar del altiplano y los recursos de biomasa del oriente, y reduce las barreras administrativas a través de esquemas regulatorios, introduciendo nuevos participantes en el mercado eléctrico boliviano.