es.wedoany.com Noticia: El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Tarapacá, Chile, ha admitido formalmente a trámite el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de extensión operacional de la mina de cobre Cerro Colorado, con una inversión estimada de aproximadamente US$1.500 millones, cuyo objetivo es reiniciar las operaciones y extenderlas por 20 años. Se trata de uno de los principales proyectos mineros actualmente en evaluación en la región, con una capacidad máxima de producción de 130.000 toneladas anuales de cátodos de cobre.

El SEA emitió la resolución de admisión el 8 de julio de 2026, y el mismo día inició el proceso de consulta a los organismos públicos con competencia ambiental. Estas entidades revisarán los diversos componentes técnicos y territoriales del proyecto. El SEA de Tarapacá ha solicitado información y requerido pronunciamientos a 19 organismos públicos, entre los que se incluyen la Dirección General de Aguas (DGA), el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el Consejo de Monumentos Nacionales, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, así como la Delegación Regional de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Tarapacá y diversas secretarías regionales ministeriales. La fecha límite para la presentación de informes por parte de estos organismos es el 20 de agosto de 2026.

En esta fase, las instituciones evaluarán el cumplimiento del proyecto con la normativa ambiental, los permisos ambientales sectoriales aplicables y si las medidas propuestas son suficientes para abordar los impactos significativos identificados en el Estudio de Impacto Ambiental. La admisión a trámite no implica la aprobación ambiental del proyecto; según las opiniones sectoriales, este proceso podría derivar en la solicitud al titular del proyecto de aclaraciones, correcciones o información complementaria.

El titular del proyecto es Compañía Minera Cerro Colorado Ltda., y su objetivo es reiniciar las operaciones que se encuentran parcialmente suspendidas desde noviembre de 2023. El proyecto contempla la modificación de 9 de las 14 Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) vigentes de la mina, mediante la adecuación de instalaciones existentes, así como obras de ampliación y nuevas construcciones para respaldar la extensión operacional. Se estima una inversión total de US$1.500 millones, con un período de construcción de 7,7 años dividido en dos fases: 3,5 años para las instalaciones necesarias para el inicio de operaciones y 4,2 años adicionales para llevar el sistema a su máxima capacidad de procesamiento. El diseño considera una capacidad inicial cercana a las 20 millones de toneladas de mineral al año, aumentando gradualmente hasta un máximo de 30 millones de toneladas anuales, para alcanzar una producción máxima de aproximadamente 130.000 toneladas anuales de cátodos de cobre.

Uno de los componentes principales de la iniciativa es el nuevo sistema de suministro de agua. El proyecto contempla la compra de aguas residuales tratadas a un proveedor externo autorizado, las cuales serán transportadas a la mina a través de una tubería subterránea de aproximadamente 105 kilómetros de longitud, con una capacidad de diseño de 191 litros por segundo. El sistema incluirá dos estaciones de bombeo, un embalse con capacidad de 56.453 metros cúbicos y una nueva planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa para producir agua de diferentes calidades requeridas en los procesos mineros. En cuanto a la energía eléctrica, en la fase inicial de operaciones se utilizará la infraestructura existente, pero si la capacidad de procesamiento aumenta a 30 millones de toneladas anuales, será necesario construir una nueva línea de transmisión de 220 kV desde la nueva subestación Pozo Almonte hasta la nueva subestación Cerro Colorado.

La revisión ambiental considera un Estudio de Impacto Ambiental que ha identificado 53 impactos ambientales, de los cuales 12 han sido clasificados como de alto impacto. Estos impactos afectan a la flora y vegetación, la fauna terrestre, la arqueología y el medio humano. En el medio humano se concentra la mayor cantidad de impactos significativos, con 8 identificados. Las medidas propuestas incluyen el rescate y trasplante de plantas amenazadas, la conservación de germoplasma, el rescate y reubicación de reptiles, la habilitación de rutas alternativas, así como diversos planes de rescate y puesta en valor arqueológicos.