Autoridades panameñas anunciaron recientemente que el país permitirá la exportación de más de 120.000 toneladas de concentrado de cobre ya extraído de una polémica mina previamente clausurada por protestas. Esta medida busca financiar los costos de mantenimiento de las instalaciones inactivas.

Esta gran mina de cobre fue el epicentro de las protestas más masivas en Panamá en años. Anteriormente, la Corte Suprema del país había anulado un acuerdo que permitía a una empresa canadiense operar el yacimiento.

First Quantum Minerals, con sede en Toronto, señaló que los fondos obtenidos de la exportación del material almacenado se destinarán a medidas de mantenimiento y protección ambiental. En marzo, el presidente panameño José Raúl Mulino había instado a este tipo de acciones mientras grupos empresariales lo presionaban para reabrir la mina, que el año pasado generó cerca del 5% del PIB nacional.

"El objetivo primordial es evitar daños ambientales", subrayó Julio Molto, ministro de Comercio e Industria, aclarando que no se reabrirá la mina pero que el plan garantizará su seguridad.

El yacimiento a cielo abierto fue clausurado temporalmente en 2022 tras el colapso de negociaciones entre el gobierno y First Quantum sobre compensaciones. En marzo de 2023, la Asamblea Nacional alcanzó un acuerdo que permitía a Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense, operar la mina -ubicada en una jungla biodiversa de la costa atlántica al oeste de la capital- por al menos 20 años.

Sin embargo, el pacto enfrentó oposición de sectores que consideraban insuficientes los beneficios para Panamá, mientras ambientalistas y grupos indígenas alertaban sobre sus impactos potenciales. Las protestas derivaron en bloqueos a la planta energética de la mina y tramos de la Carretera Panamericana, incluyendo zonas cercanas a la frontera con Costa Rica.