Francisco Lecaros, presidente de la Alianza Latinoamericana de Minería (ALMA), presentó una agenda de gobernanza minera regional en la convención PDAC 2026, con el objetivo de mejorar el entorno del sector mediante la promoción de la educación territorial, la atracción de inversiones y la lucha contra la minería ilegal. Lecaros señaló: "La falta de coordinación, la inestabilidad regulatoria y los conflictos sociales restringen el flujo de capitales."
La región de América Latina alberga recursos de minerales críticos necesarios para la transición energética, pero el sistema de gobernanza minera presenta contradicciones estructurales que obstaculizan la normalización de las inversiones y la reducción de conflictos. La Alianza Latinoamericana de Minería surgió como respuesta, intentando integrar las fuerzas nacionales, industriales y territoriales para establecer un marco estratégico regional que actualmente no existe.
Lecaros afirmó: "La organización se estructura en torno a tres pilares operativos, diseñados para abordar los principales cuellos de botella de la minería en América Latina." Estos pilares incluyen aumentar la comprensión pública de la actividad minera para reducir malentendidos, fortalecer los mecanismos de licencia social y crear un centro regional atractivo para las inversiones mineras. Los datos muestran que Chile proyecta inversiones por 104 mil millones de dólares, Perú por 65 mil millones y Argentina alrededor de 25 mil millones de dólares.
La actividad minera ilegal es prevalente en países como Ecuador, Colombia, México, Perú y Bolivia, afectando el medio ambiente, la seguridad y el orden económico. Lecaros advirtió: "Esta actividad erosiona la legitimidad de la minería formal y expone la debilidad de los estados para controlar su territorio." América Latina carece de una estrategia unificada para enfrentar la demanda global de minerales críticos, siendo evidente la fragmentación en su gobernanza.
Lecaros indicó: "La gobernanza minera de la región se caracteriza por la fragmentación. Chile domina la producción de cobre, Perú la de oro, México la de plata, pero no existe una lógica de bloque que potencie la escala, la competitividad y la capacidad de negociación internacional." Esta falta de coordinación limita la eficiencia en el uso de los recursos y debilita la posición de la región en la competencia global.
El crecimiento de la demanda de movilidad eléctrica y energías renovables ejerce presión sobre el sector minero latinoamericano, y los factores geopolíticos también restringen los flujos de inversión. Lecaros expresó: "La presión internacional, sumada a las restricciones y tensiones entre grandes potencias, perturba el desarrollo normal de los proyectos, obligando a la región a definir una postura más clara." La licencia social se ha convertido en un requisito central para el desarrollo de proyectos, siendo crucial un proceso basado en el diálogo y la transparencia.
La estabilidad regulatoria y la previsibilidad económica son claves para las decisiones del capital internacional. Lecaros explicó: "La gobernanza minera requiere un marco legal claro y sostenible; de lo contrario, las inversiones se dirigirán a jurisdicciones más estables." América Latina posee recursos estratégicos y potencial de inversión, pero sus limitaciones de gobernanza incluyen una coordinación insuficiente, un control débil sobre la minería ilegal y un déficit de licencia social. La capacidad de convertir la agenda en políticas concretas determinará la captura de valor de la región en la transición energética.
