es.wedoany.com Noticia, El Congreso de los Diputados de España ha aprobado recientemente un Real Decreto que prorroga la deducción fiscal por rehabilitación de viviendas para mejorar la eficiencia energética hasta proyectos realizados durante los períodos 2025 y 2026. Esta deducción fiscal por rehabilitación de viviendas se aplica a las inversiones destinadas a mejorar el consumo energético de la vivienda habitual, certificadas mediante un certificado de eficiencia energética. Según datos del Gobierno, entre 2021 y 2024, esta medida ha cubierto 203.756 propiedades, con un total de 291.763 declaraciones presentadas, y una media de 1.918 euros de incentivo por contribuyente.
La deducción fiscal por rehabilitación de viviendas prorrogada se divide en tres tramos: para obras que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración en al menos un 7%, se otorga una deducción del 20%, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026; para proyectos que reduzcan el consumo de energía no renovable en un 30% o alcancen una calificación energética A o B, se establece una deducción del 40%; y para edificios destinados principalmente a vivienda, para obras de rehabilitación que logren una reducción del consumo energético de al menos un 30% o alcancen la misma calificación energética, se proporciona una deducción del 60%, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Estas deducciones fiscales por rehabilitación de viviendas tienen como objetivo incentivar a más propietarios a realizar mejoras de eficiencia energética en sus hogares.
Además de las medidas fiscales, el decreto incorpora modificaciones a la Ley de Contratos del Sector Público, con el objetivo de fomentar la construcción de vivienda pública y asequible. Este cambio introduce ajustes en los contratos de concesión para simplificar procedimientos e incentivar la colaboración público-privada en proyectos sobre suelo o patrimonio público. La nueva normativa establece disposiciones específicas para contratos cuyo objetivo sea la construcción o rehabilitación de viviendas en suelo público, en línea con las disposiciones recogidas en la legislación vigente sobre el derecho a la vivienda. Esta combinación de deducción fiscal por rehabilitación de viviendas y ajustes normativos refleja la dirección de la política gubernamental en el ámbito de la vivienda.
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