El gobierno ecuatoriano acaba de anunciar una cartera de proyectos de inversión en el sector eléctrico entre 2025 y 2030, con planes para añadir casi 8.000 megavatios (MW) de nueva capacidad de generación en respuesta a la actual crisis energética. La crisis ha llevado a Ecuador a aplicar restricciones eléctricas debido a la insuficiencia del suministro, y algunas zonas han sufrido cortes de hasta 14 horas al día. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, detalló el plan en un acto público en Quito.

Ecuador depende de la energía hidroeléctrica para el 72% de su matriz de generación de energía, pero las principales centrales hidroeléctricas han perdido parte de su capacidad operativa debido a la sequía. La situación se ha deteriorado aún más en los últimos años debido a la falta de inversión en el sector eléctrico, dominado por empresas estatales, lo que ha provocado debates internos sobre la incorporación de inversión privada.

Está previsto que los proyectos hidroeléctricos añadan 5.700 megavatios (MW) de capacidad instalada, lo que representa una inversión de más de 7.000 millones de dólares. El sector eólico dará un «gran salto adelante» con cinco nuevos parques, con una inversión estimada de 430 millones de dólares y 310 megavatios adicionales de capacidad. En energía fotovoltaica, el Gobierno tiene previsto poner en marcha nueve proyectos con una inversión de 1.100 millones de dólares y una capacidad de 1.600 megavatios. Se espera que la energía geotérmica añada 360 megavatios de capacidad a través de tres proyectos.

La Viceministra de Minas, Rebecca Ilescas, dijo que Ecuador es la nueva frontera para la minería responsable, con recursos de clase mundial y un claro compromiso con el desarrollo sostenible. Subrayó que los recursos minerales de Ecuador serán especialmente importantes en 2025, cuando la demanda de materiales como el oro y el cobre se duplicará como consecuencia de la transición energética.

Fabián Calero, Viceministro de Electricidad, señaló que el sector eléctrico está en proceso de desarrollar un nuevo marco legal y regulatorio para remodelar el sector y promover la inversión privada. También mencionó que la actual Ley Orgánica del Servicio Público de Electricidad necesita ser modificada para dar cabida a un sistema eléctrico más complejo.

Además, Manzano firmó la primera política pública del país para la promoción de la energía nuclear, destinada a fomentar la inversión pública y privada para garantizar el funcionamiento seguro, fiable y sostenible de las instalaciones nucleares.