es.wedoany.com Noticia: El gobierno mexicano ha implementado en los últimos meses un nuevo marco legal y regulatorio destinado a acelerar la ejecución de su "Plan de Infraestructura 2026-2030". Este plan contempla una inversión total, pública y mixta, de 5,6 billones de pesos (aproximadamente 325.000 millones de dólares) en sectores como energía, transporte, agua y logística.
La estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum se ha desplegado por fases: primero se publicó el "Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo y el Bienestar 2026-2030", posteriormente se propuso y aprobó una nueva ley para fomentar la inversión estratégica, luego se emitieron una serie de decretos de simplificación o "vía rápida", y finalmente se publicaron los reglamentos que hacen operativo el nuevo esquema. El objetivo central es reducir los cuellos de botella administrativos, aumentar la certidumbre jurídica y atraer capital privado, mientras el Estado mantiene el control estratégico en la planificación y ejecución de los proyectos.
El "Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo y el Bienestar 2026-2030", publicado en febrero, contempla un gasto inicial adicional de 722.000 millones de pesos en 2026, equivalente a cerca del 2% del PIB. Según el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, el sector energético concentrará el 54% de los recursos, el ferroviario el 16%, el de carreteras el 14%, puertos y salud un 6% cada uno, agua el 3%, educación el 3,4% y los aeropuertos el resto. Sheinbaum ha subrayado que el modelo difiere de las antiguas asociaciones público-privadas, buscando evitar concesiones y financiamiento de alto costo, y optando en su lugar por nuevos instrumentos financieros, contratos mixtos, mecanismos de coinversión público-privada y consejos de planeación estratégica para coordinar más de 1.500 proyectos.
La "Ley de Fomento a la Inversión en Infraestructura Estratégica", publicada el 9 de abril en el Diario Oficial de la Federación, establece un régimen especial para proyectos en los sectores de energía, transporte, telecomunicaciones y gestión de recursos hídricos. La ley incluye mecanismos como ventanillas únicas, declaratorias de interés público y contratos de largo plazo para reducir los tiempos administrativos, y crea el Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión en Infraestructura. Abogados señalan que el principal cambio estructural de la ley reside en la creación de nuevos mecanismos de coordinación institucional y financiera, que permiten estructurar la colaboración según las necesidades específicas de cada proyecto, con contratos de inversión estratégica que pueden extenderse hasta por 40 años. Asimismo, la Ley de Asociaciones Público-Privadas no se deroga, por lo que ambos regímenes coexistirán.
En mayo, el gobierno complementó la estrategia con un paquete de decretos de simplificación destinados a agilizar la aprobación de inversiones. Las medidas incluyen la aprobación rápida para inversiones superiores a 2.000 millones de pesos, la creación de la Ventanilla Única Digital Nacional de Inversiones y la Oficina Presidencial de Promoción de Inversiones, que podrá emitir certificados en un plazo máximo de 30 días. En el sector energético, el gobierno aprobó 5 GW de generación eléctrica privada renovable y otorgó otros 11 GW en proyectos mixtos. El componente de infraestructura incluye también una cartera de más de 5.100 kilómetros de carreteras, con una inversión estimada de 523.000 millones de pesos.
El 8 de mayo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los reglamentos de la nueva ley, que definen la operación del nuevo esquema, habilitando la participación público-privada, fideicomisos, vehículos de propósito especial y mecanismos de financiamiento respaldados por flujos futuros. El reglamento crea el Comité de Análisis de Riesgos, encargado de evaluar los riesgos de sostenibilidad fiscal, financiera, patrimonial e institucional de los proyectos, y establece que los esquemas mixtos y los vehículos de propósito especial no generarán deuda pública ni garantías soberanas implícitas de forma automática. El nuevo marco también refuerza los requisitos sobre beneficiarios finales, trazabilidad financiera y prevención de operaciones ilícitas.
El nuevo marco regulatorio busca consolidar un modelo donde el Estado mantiene el liderazgo estratégico y el sector privado aporta financiamiento, tecnología y capacidad de ejecución. El éxito de la estrategia dependerá de la capacidad del gobierno para implementar eficazmente los nuevos sistemas de planificación, coordinación institucional y aprobación de proyectos.
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