Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica y los Retos Demográficos, ha declarado recientemente que el Gobierno está trabajando para que la primera subasta de energía eólica marina tenga lugar en 2025. En un desayuno organizado por Euronews, Aagesen reveló que el Gobierno emitirá primero una orden de bases, seguida de una resolución, con el objetivo de celebrar la subasta en 2025.

En septiembre de 2023, el Gobierno español aprobó una nueva normativa para la eólica marina y las energías renovables marinas, con el objetivo de seleccionar, mediante concurso, los proyectos que tengan un menor impacto ambiental y una mayor contribución socioeconómica local, como la creación de empleo y el impulso a la industria. En el marco de la Hoja de Ruta de la Energía Eólica Marina y Oceánica y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, España prevé alcanzar una capacidad instalada de 3 gigavatios (GW) de eólica marina y 60 megavatios (MW) de otras energías renovables marinas en 2030.

Agerson señaló que un gran número de proyectos están ya en fase de preparación y que el Gobierno pondrá orden en las entradas y salidas mediante mecanismos competitivos. Dijo: «Cuando haya capacidad disponible, las empresas interesadas presentarán sus ofertas en el plazo de un mes y el mecanismo competitivo se activará si más de una empresa compite por la misma capacidad». La medida pretende evaluar la viabilidad de los distintos proyectos y seleccionar la opción más adecuada para la región.

En cuanto a la revisión del límite de inversión en la red, Agerson dijo que el Ministerio de Transformación Ecológica está promoviendo activamente los trabajos pertinentes. Actualmente, el límite máximo de inversión para el transporte es del 0,065% del PIB anual (excluidas las inversiones en interconexión) y del 0,13% del PIB para la distribución de electricidad (excluidas las inversiones relacionadas con la digitalización). Subrayó que la ampliación del límite de inversión beneficiaría a los consumidores, los industriales y los hogares, al tiempo que garantizaría unas tarifas asequibles.