es.wedoany.com Noticia: El gobierno de Uruguay presentó este miércoles un proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida que contiene más de 240 artículos, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector agrícola mediante la digitalización de la cadena cárnica, la habilitación de la elaboración artesanal en el campo y la simplificación de trámites administrativos.
Actualmente, algunos trámites en el ámbito agrícola exigen que las empresas presenten repetidamente información que el gobierno ya posee, como los registros que vencen cada cinco años, lo que obliga a las empresas a presentar nuevamente todos los documentos. Los productores familiares que elaboran quesos, miel o embutidos no pueden regularizar su actividad debido a la falta de un canal específico. Este proyecto de ley, presentado conjuntamente por cuatro ministerios, busca resolver estos problemas.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, señaló que los gremios del sector han solicitado durante 30 años la simplificación de trámites, lo que implicará reducir el flujo de papeles y formularios. Una de las medidas más concretas para el sector es la creación del Sistema de Gestión y Certificación Comercial (SRGCC), que busca digitalizar integralmente la cadena cárnica, simplificando y fortaleciendo los procesos de gestión y certificación comercial, mejorando la trazabilidad de la información, reduciendo los costos y tiempos de los trámites, y reforzando los controles sanitarios.
El gobierno también considera esta medida como una herramienta para potenciar la competitividad exportadora del sector. Fratti mencionó específicamente la plataforma del Instituto Nacional de Carnes (INAC) de Uruguay como un ejemplo para acelerar el flujo de información y acortar los tiempos de espera. El proyecto introduce un régimen simplificado para la elaboración artesanal de productos agrícolas familiares. Los quesos, embutidos, conservas, miel, textiles y proyectos de turismo rural elaborados por productores familiares se regularizarán mediante un proceso de aprobación diferenciado, con el objetivo de ayudarles a agregar valor y diversificar sus ingresos. Actualmente, estas actividades se encuentran en una zona gris regulatoria.
Además de las medidas específicas para el sector, el proyecto introduce cambios transversales: la vigencia de los registros sanitarios, fitosanitarios, técnicos y ambientales se amplía de 5 a 10 años, en línea con las normativas vigentes en Argentina y Brasil. Las renovaciones se realizarán mediante declaración jurada, sin necesidad de presentar nuevamente todos los documentos. Asimismo, se elimina la obligación de traducir documentos al inglés o portugués. En materia de intercambio de información, el proyecto exige una mayor interoperabilidad entre los organismos estatales a través del Sistema Único de Registro Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos. Por ejemplo, información que antes debía solicitarse a la Dirección de Catastro ahora podrá ser generada directamente por la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE), sin que las entidades privadas tengan que gestionarlo por separado. El proyecto será presentado al Parlamento la próxima semana y podría sufrir modificaciones durante el proceso legislativo.
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