es.wedoany.com Noticia: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó el 10 de junio un nuevo marco de sanciones destinado a reabrir áreas específicas de los sectores energético y minero de Venezuela a empresas estadounidenses y de países aliados, autorizando explícitamente las actividades de transporte marítimo, seguros y logística necesarias para respaldar las exportaciones relacionadas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) actualizó un total de siete licencias generales relacionadas con Venezuela, que abarcan exportaciones de petróleo, ventas de diluyentes estadounidenses, servicios energéticos, actividades mineras, transacciones que involucran a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y operaciones de las principales empresas energéticas internacionales. Estas nuevas licencias reemplazan las versiones anteriores emitidas a principios de 2026, estableciendo un marco legal relativamente completo para regular las relaciones comerciales con los sectores petrolero, gasífero, petroquímico, eléctrico y minero de Venezuela.
Una de las disposiciones más destacadas del nuevo marco es la autorización explícita de servicios marítimos para apoyar el comercio venezolano. Varias licencias aprueban actividades de transporte marítimo y logística, incluido el fletamento de buques, seguros marítimos, seguros de protección e indemnización (P&I), así como servicios portuarios y de terminales que involucran entidades controladas por el gobierno venezolano.
El alcance de la autorización no se limita a las exportaciones de crudo. Las licencias actualizadas también cubren productos petrolíferos y petroquímicos originarios de Venezuela, diluyentes de origen estadounidense para mezclar crudos pesados, servicios para yacimientos de petróleo y gas, infraestructura eléctrica y minerales originarios de Venezuela, incluido el oro.
El marco también amplía la lista de las principales empresas energéticas internacionales autorizadas a realizar operaciones específicas en Venezuela. La Licencia General 50B (General License 50B) incluye a empresas como BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell, así como a sus filiales.
Al mismo tiempo, estas licencias contienen una serie de restricciones para evitar la participación de competidores geopolíticos. Varias licencias prohíben transacciones que involucren entidades vinculadas a Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte o China, y algunas autorizaciones excluyen explícitamente a entidades y empresas conjuntas venezolanas o estadounidenses propiedad o controladas por chinos.
El Tesoro también introdujo nuevos requisitos contractuales destinados a brindar protección legal a las empresas participantes. Los contratos celebrados con el gobierno venezolano, PDVSA o entidades mineras estatales deben regirse por la legislación de Estados Unidos, y los procedimientos de resolución de disputas deben llevarse a cabo en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. La OFAC aclaró en una nueva guía publicada junto con las licencias que este requisito no prohíbe que los contratos reconozcan la legislación venezolana aplicable en asuntos como licencias, regulaciones laborales, cumplimiento ambiental, salud y seguridad, y otras funciones regulatorias soberanas.
Las licencias también establecen requisitos detallados de presentación de informes. Las empresas que realicen transacciones autorizadas deben presentar informes periódicos a las agencias gubernamentales de Estados Unidos, detallando las contrapartes, las cantidades de mercancías, el valor de las transacciones, los destinos y los pagos realizados al gobierno venezolano.
Las medidas actualizadas también amplían el alcance del comercio de productos petroquímicos autorizados. La definición de productos petroquímicos del Tesoro incluye una variedad de productos fertilizantes y materias primas, como urea, amoníaco, nitrato de amonio, fosfatos, productos de potasa, azufre y ácido sulfúrico.
Estos cambios de política se producen en el contexto del ajuste continuo de la estrategia de sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela por parte de la administración Trump, cuyo objetivo es ampliar la participación de las empresas occidentales en el sector energético venezolano mientras se debilita la influencia de los competidores en el mayor país productor de petróleo de América Latina. Las siete licencias actualizadas entraron en vigor el 10 de junio.
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