Según MSN, los planes de Bolivia para convertirse en un importante productor de litio enfrentan obstáculos. Un tribunal local ordenó la suspensión de dos importantes acuerdos de explotación de litio, valorados en más de 2.000 millones de dólares, firmados el año pasado.

Según medios bolivianos como El Deber, los contratos fueron firmados en 2023 y 2024. Uno involucra al consorcio chino CBC (que incluye al fabricante de baterías CATL) y el otro a Uranium One Group, una subsidiaria de la corporación nuclear estatal rusa Rosatom.

Estos acuerdos buscaban establecer instalaciones de extracción directa de litio (DLE) en el Salar de Uyuni, en el suroeste de Bolivia, que posee una de las mayores reservas de litio del mundo y forma parte del “Triángulo del Litio” junto con Chile y Argentina.

La semana pasada, un tribunal mixto en la localidad de Colcha K, en la región de Potosí, emitió una orden de suspensión. Comunidades indígenas locales presentaron una demanda, alegando que los proyectos violan sus derechos ambientales y se han impulsado sin consultas formales. Aunque los proyectos aún no han recibido aprobación legislativa, ya habían comenzado actividades preliminares en el sitio. Las organizaciones locales afirmaron que estas actividades se llevaron a cabo sin autorizaciones adecuadas ni evaluaciones ambientales.

Según el periódico argentino Infobae, la sentencia judicial prohíbe a YLB y al Ministerio de Hidrocarburos y Energía tomar medidas administrativas u operativas relacionadas con los contratos hasta que finalice el proceso judicial.

Esta orden judicial subraya la continua inestabilidad política en Bolivia, que sigue obstaculizando el desarrollo de sus vastas reservas de litio, estimadas en 23 millones de toneladas según un estudio gubernamental.