La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) planea reevaluar las regulaciones de la administración Biden que prohíben el uso de crisotilo, la última forma de asbesto que se utiliza o importa en el país.

Las regulaciones de la era Biden eliminarán gradualmente, en un plazo de cinco años, seis de las ocho plantas de cloro-álcali que aún utilizan tecnología de diafragma de asbesto, con plazos más largos para las empresas con múltiples instalaciones.

En un documento presentado el 16 de junio de 2025, la EPA solicitó al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. una suspensión de seis meses, en respuesta a las impugnaciones de la regla de Biden por parte de apelantes como Olin Corporation y el Consejo Americano de Química (ACC). Durante esta suspensión, la Oficina de Seguridad Química y Prevención de la Contaminación (OCSPP) de la EPA planea reconsiderar la regla basándose en los requisitos de protección laboral para el uso de juntas laminares de asbesto en la producción de productos químicos distintos al dióxido de titanio. El documento indica: “Además, la OCSPP considerará toda la información razonablemente disponible y evaluará si (estas prohibiciones) exceden lo necesario para eliminar riesgos irrazonables, si cumplen con la mejor ciencia disponible y su autoridad de gestión de riesgos, y si otras medidas (como exigir medidas permanentes de protección laboral) podrían eliminar riesgos irrazonables”.

Esta medida es el último esfuerzo de la administración Trump para reevaluar, revocar o reescribir regulaciones de las eras Biden y Obama, consideradas costosas y onerosas para las empresas estadounidenses. Algunas de estas regulaciones están relacionadas con la industria química, incluyendo el aplazamiento por dos años de los límites legales para dos sustancias perfluoroalquiladas (PFAS) en el agua potable; la revisión de las enmiendas al marco de procedimientos para evaluaciones de riesgo bajo la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de 2024; y la modificación de las regulaciones de la Ley de Aire Limpio, que exigen a las plantas químicas implementar medidas más estrictas de prevención de accidentes, preparación para desastres naturales y transparencia pública.